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El Ministro de Justicia justifica los crimenes franquistas

"El ministro de Justicia justifica que los crímenes de la dictadura estaban amparados por la legislación franquista".-
CEAQUA acusa al Gobierno de actuar como abogado de exministros y funcionarios franquistas sobre los que hay solicitud de extradición.
 
Viniendo del Ministro de Justicia, Sr. Catalá, podemos hacernos una idea del concepto de "justicia" que tiene este ministro. Se trata de crímenes, independientemente de las leyes bajo las que se cometan. Pone el grito en el cielo por las leyes venezolanas pero mira para otro sitio cuando se habla de los cientos de miles de asesinados por aquel ser, pequeño despreciable y ruin, que asoló todas las libertades de España y de los españoles durante 40 largos años.
 
rafael catala
 
"¿Por qué el Sr. Ministro de Justicia, nunca peor dicho y, más allá de él, el Gobierno en su conjunto, actúan como abogados de los criminales franquistas?", esta es la pregunta que la Coordinadora que apoya la querella contra los crímenes del franquismo en Argentina CEAQUA, plantea al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha justificado en respuesta a una interpelación parlamentaria, la negativa del Gobierno a extraditar a exministros y funcionarios como pide la Juez Servini, asegurando que esos actos eran legales bajo la legislación franquista.
 
"Los crímenes del franquismo cuando se cometieron fueron igual de execrables que lo son ahora. Lo que ahora es execrable es que se los justifique porque se cometieron bajo el amparo de la legislación franquista. Esto es lo que sostenían los abogados de los nazis cuando pretendían amparar la impunidad de sus crímenes, en que habían sido cometidos de conformidad con la legislación del III Reich", manifiesta en un comunicado CEAQUA.
"Argentina padece déficit democrático"
Explica CEAQUA que "Rafael Catalá justificó la denegación de las extradiciones, o en su defecto el sometimiento de los imputados a la justicia española, en que: 1) Argentina padece de déficit democrático, 2) que lo impide la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales, y 3) en que los crímenes que hoy nos parecen execrables eran legales en el franquismo".
Se anularon las leyes de impunidad
Ante estas afirmaciones, matizan: "En primer lugar, en Argentina hay más de seiscientos sentenciados, más de mil procesados y numerosos juicios en todo el país por crímenes contra la humanidad cometidos en su territorio. Esto ha sido posible porque en Argentina fueron anuladas leyes de impunidad votadas en su día en forma ampliamente mayoritaria por el Parlamento".
Sin responsables ante la Justicia
"Las víctimas de la dictadura argentina son sustancialmente menores en número que las de la dictadura franquista. En España no hay un solo responsable de los innumerables crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo que haya sido sometido a la acción de la justicia", continúan.
Cuestionada Ley de Amnistía
Para la coordinadora de la querella "esta impunidad se ampara en una Ley de Amnistía que vulnera todos los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y, por ende, la propia Constitución española. ¿Cuál de los dos países es el que padece de déficit democrático?".
Vulneración de convenios internacionales
"En segundo lugar, son innumerables las condenas de distintos organismos de Derechos Humanos por la impunidad con que las autoridades políticas y la administración de justicia españolas han favorecido y favorecen a los criminales franquistas y han desamparado y desamparan a sus víctimas", insisten desde la asociación. Recuerdan también que dichas condenas se han producido, precisamente, "por vulnerar los convenios internacionales que según el ministro han impedido otorgar las extradiciones2.
Condena de Naciones Unidas
También señala CEAQUA que recientemente desde las Naciones Unidas, "el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, han condenado al Gobierno español por no extraditar a los requeridos por la justicia argentina o acordar su juzgamiento por parte de la justicia española".
 

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