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La directora general de la PAC, Yolanda García, asegura que la decisión del MAPAMA sobre el cava extremeño afecta al principio de libre competencia

La directora general de Política Agraria Comunitaria, Yolanda García Seco, ha asegurado que la decisión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de establecer limitaciones a nuevas plantaciones de viñedo y restringir tanto las replantaciones como la conversión de derechos de los viticultores para vinos espumosos afecta al principio de libre competencia y supone un exceso regulatorio respecto al marco de ejercicio de competencias del Estado

Y al mismo tiempo el BOE de hoy 23 de febrero recoge las ayudas del Estado Español a los planes de reestructuración y/o reconversión de la viña en Cataluña para 2018.

Entre estas medida está reforzar una estructura vitivinícola competitiva y apoyarla, se encuentran las actuaciones previstas en los planes de reestructuración y/o reconversión de la viña, para favorecer la modernización de las explotaciones vitícolas, así como la adecuación varietal a las nuevas tendencias del mercado.

La Orden ARP/17/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se regulan la aprobación y las ayudas de los planes de reestructuración y/o reconversión de la viña en Cataluña, para el período 2017 hasta 2018, contiene el procedimiento para la aprobación de los planes de reestructuración y/o reconversión de la viña y las bases reguladoras de las ayudas correspondientes de acuerdo con el mencionado marco normativo.

Así lo ha expresado la responsable autonómica en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, donde ha trasladado las acciones que ha tomado la Junta de Extremadura contra una resolución “injusta” contra el sector del cava extremeño

Yolanda García, ha recordado que la Junta ha presentado un requerimiento previo en vía administrativa ante el secretario general de Agricultura para que derogue la resolución tomada a finales del pasado año. Asimismo, la Administración autonómica estudiará jurídica y técnicamente todos los argumentos que desemboquen en la anulación de la restricción impuesta por la administración central el pasado 29 de diciembre y que será objeto de un procedimiento judicial.

Según la responsable de la PAC, existen motivos jurídicos y técnicos para que los Tribunales avalen la postura de la Junta de Extremadura ya que la resolución dictada por el Ministerio no está fundamentada con criterios objetivos y trasciende la realidad del sector. El Gobierno central, con esta decisión, ha apoyado al blindaje de la producción de una comunidad autónoma mediante el freno al crecimiento y desarrollo de Extremadura.

La directora general ha reiterado que la Administración autonómica se mantiene “en todo momento de la mano de los productores de cava de Tierra de Barros” con el que se consensuó un informe que, tomando como referencia las características del sector, el análisis de la evolución de la superficie, los condicionantes de producción, el mercado de uva, el mercado de vino de base, la ratio de almacenamiento, concluye en la constatación del comportamiento favorable de la demanda y de la inexistencia del riesgo de devaluación, debido, entre otros factores, a las buenas prácticas y al incremento de la calidad de los cavas elaborados en Extremadura.

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