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CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN ARAGÓN

La corrupción urbanística arrasa a la cúpula socialista de Marcelino Iglesias en Aragón.
 
IMPUTADOS TRES EXCONSEJEROS, DOS DIPUTADOS Y UN CONSEJERO.
 
MARCELINO IGLESIAS
 
El ciclo político del ex presidente de Aragón y actual portavoz del PSOE en el Senado, Marcelino Iglesias, tiene los días contados. Pero aún tiene por delante un horizonte penal más que incierto, después de que un juez de Zaragoza haya imputado por varios delitos de corrupción a tres exconsejeros de su último Ejecutivo autonómico, entre ellos su mano derecha y ex consejero de Economía, Alberto Larraz, y su hombre de confianza en la sombra, el ex viceconsejero de Obras Públicas Carlos Escó, marido de la ex candidata autonómica socialista Eva Almunia.
El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, José Alfonso Tello, ha imputado por prevaricación no sólo a los pesos pesados del último Gobierno presidido por Iglesias, sino también al actual vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno; otros dos ediles socialistas del Ayuntamiento que gobierna Juan Alberto Belloch; dos parlamentarios de las Cortes de Aragón y el actual consejero de Economía de la presidenta 'popular' Luisa Fernanda Rudi, el veterano Francisco Bono. Todos ellos formaban parte del consejo de administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), en cuya construcción y gestión se desviaron presuntamente decenas de millones de euros de fondos públicos.
El juez Tello investiga la supuesta malversación de fondos en una de las múltiples ramificaciones del llamado caso Plaza, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Aragón, que amenaza con arrastrar también a Iglesias. La masiva imputación de altos cargos y ex dirigentes socialistas se produce un mes y medio después de que El Confidencial revelase que el ex presidente aragonés y ex número tres de la Ejecutiva Federal del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero se embolsó presuntamente un millón de euros a cambio de desbloquear una operación urbanística en el municipio zaragozano de La Muela.
Además del consejero Bono y el ex consejero Larraz, también ha sido imputada la ex consejera socialista de Ciencia y Tecnología, María Teresa Verde; el ex consejero Alfredo Boné, del Partido Aragonés (PAR), que gobernó con Iglesias y ahora es socio de Rudi en el Ejecutivo autonómico; las concejalas del Ayuntamiento de Zaragoza Carmen Dueso e Isabel López, y el parlamentario del PSOE Alfonso Vicente Barba. Este último, junto con Bono y Boné, son aforados, por lo que el juez Tello ha trasladado las actuaciones contra ellos al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).En un auto dictado el pasado jueves, el juez considera que todos ellos, consejeros de la empresa pública Plaza entre 2008 y 2010, pudieron cometer un delito de prevaricación por los sobrecostes millonarios en la construcción de un apeadero ferroviario en la plataforma logística que se levanta a las afueras de Zaragoza, una de las mayores de Europa. Tello abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía, que detectó irregularidades en dos expedientes de contratación de Plaza: uno sobre "movimiento de tierras en la zona de reserva de futuros crecimientos de la plataforma" y otro relativo a la "redacción y ejecución del apartadero ferroviario".
Entre los imputados figura también el empresario Fernando Casasnovas; el representante de Ibercaja en el consejo de administración de Plaza, José Luis Rodrigo; el ex consejero delegado de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), José Luis Abad, y el secretario general técnico de Educación en el Ejecutivo autonómico, Agustín García Inda. Todos ellos se suman al ya imputado Carlos Escó, al que otro juez de Zaragoza pidió el pasado mes de febrero una fianza de responsabilidad de casi 19 millones de euros por otro de los sumarios del caso Plaza.
El pleno de las Cortes de Aragón aprobó el pasado mes de marzo la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas de Plaza. Todos los partidos políticos apoyaron su constitución excepto el PAR, cuyo líder, José Ángel Biel, afirmó que las comisiones de investigación "sólo sirven para dar alpiste a los canarios". En 2011, después de que El Confidencial sacara a la luz una grabación en la que un colaborador muy cercano de Biel aseguraba que éste se había embolsado 500.000 euros en comisiones a cambio de favores urbanísticos, el líder del PAR tampoco pareció inmutarse: "Que diga lo que quiera. Decir que yo he cobrado comisiones es ciencia ficción".
 
 

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