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El Consejo de Gobierno aprueba el plan de ordenación de los 849 trabajadores de la lucha contra incendios forestales

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este martes las bases del Plan de Ordenación de Recursos Humanos adscritos al Plan Infoex, que afecta a un colectivo de 849 trabajadores, según ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña

El objetivo de este plan, que ha sido consensuado con los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y SGTEX, según ha señalado la portavoz, es contribuir a la consecución de sistemas de trabajo más eficaces en la prestación de este  servicio público, con los medios técnicos y humanos existentes y más eficientes en la utilización de los recursos económicos disponibles

El plan, cuyas medidas deberán estar concluidas antes de diciembre de 2019, tendrá un coste de 2,5 millones de euros y supondrá la consecución del reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal-coordinador en el grupo II y la categoría profesional de bombero forestal-conductor en el grupo IV para la adaptación de competencias en relación con las necesidades existentes en el entorno rural y natural de la Comunidad Autónoma.

Gil Rosiña ha destacado que este es “un día importante para el Plan INFOEX de Extremadura”, ya que, de este modo, se atiende una reivindicación histórica de estos trabajadores, al tiempo que ha subrayado el hecho de que Extremadura considere la extinción y prevención de incendios como “un servicio fundamental” durante todo el año.

El Plan de Ordenación se desarrollará de forma progresiva y continua, impulsándose cada una de sus medidas de forma que las mismas estén finalizadas a 31 de diciembre de 2019, debiendo prever el Plan un desarrollo cronológico del mismo, actualizándose de forma permanente e introduciéndose las modificaciones sistemáticas que puedan ser necesarias como consecuencia de variaciones en el marco normativo.

Todo ello sin perjuicio de que se puedan anticipar determinadas medidas, adecuadas al mismo y tendentes a su eficaz desarrollo o implantación, para antes del 31 de diciembre de este año 2018.

El Plan incluye, entre otros aspectos, el cambio al sistema del trabajo 2,2 en la época de peligro alto, lo que ha supuesto una mejora considerable para las condiciones laborales del colectivo, así como la reestructuración de las unidades de las zonas de coordinación, adaptándose la plantilla a las necesidades técnicas.

La portavoz ha anunciado que próximamente se reunirán de nuevo representantes de la Administración y de los trabajadores para empezar a definir el concurso de traslados y modificar el V convenio colectivo de personal laboral para la creación de las nuevas categorías.

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Por otra parte, en el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la Economía Social, al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio, que contarán con una dotación de 1.442.880 euros.

Gil Rosiña ha indicado que estas ayudas permitirán la creación de 175 puestos de trabajo, según las estimaciones de la Consejería, que cifra en 115 los puestos creados a raíz de la convocatoria anterior.

La orden de convocatoria distingue dos modalidades de subvenciones: las acogidas al Programa I, de ayuda a la creación de empleo estable en sociedades cooperativas y sociedades laborales, y las acogidas al Programa II, de apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y entidades asociativas.

La cuantía de las subvenciones por la incorporación de nuevos trabajadores varía entre los 7.500 y los 26.000 euros entre ambas modalidades.

También dentro del apartado de esta Consejería, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de las ayudas individualizadas de transporte escolar y/o comedor escolar para el curso 2018/2019, con una dotación económica de 1.200.000 euros que beneficiará a unos 2.400 alumnos, según ha avanzado la portavoz del Ejecutivo.

La orden de convocatoria distingue tres modalidades de ayudas. La primera de ellas, para transporte diario, tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos del traslado diario del alumnado desde su domicilio habitual al centro escolar o a la parada más próxima de una ruta de transporte escolar organizado.

La segunda modalidad (transporte de fin de semana) tiene como objetivo  sufragar los gastos del traslado de alumnos, los fines de semana, desde su domicilio habitual a la escuela-hogar o residencia de la Consejería de Educación y Empleo en la que tengan adjudicada plaza.

La tercera modalidad está destinada a sufragar los gastos derivados de comedor a los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos cuando éstos no dispongan de servicio de comedor escolar gestionado por la Administración educativa.

Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de las ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de atención logopédica, de apoyo educativo domiciliario y de psicoterapia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, para el curso 2018/2019, con una dotación de 270.000 euros.

Gil Rosiña ha manifestado que el número de solicitudes se ha incrementado en las dos últimas convocatorias (de 400 a 750) debido a una modificación de las bases de estas ayudas que evitan que las familias tengan que adelantar el dinero para esos servicios educativos especiales.

Esa modificación permite que las familias cuenten ya con el 90 por ciento de la subvención al inicio del curso escolar.

PAGO A PROVEEDORES

Por otra parte, en el ámbito de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno autorizó al Servicio Extremeño de Salud para la contratación de operaciones financieras de gestión de pago a proveedores, mediante la modalidad de pago confimado o confirming sin recurso, por un importe de 180 millones de euros.

Esta medida supone contratar un servicio de pago a proveedores mediante el cual se encargará a una entidad financiera adjudicataria la realización de una serie de servicios de carácter administrativo y de intermediación relativos a la gestión del pago a proveedores en los plazos legalmente previstos, todo ello con el fin de evitar un sobrecoste en concepto de intereses de demora.

CONSEJO DE ESTADO

Por otra parte, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha informado de que el pasado 19 de abril el Consejo de Estado ha remitido el dictamen que se le solicitó en relación con la propuesta de Ley de Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio.

Blanco-Morales ha señalado que ese dictamen se ha remitido a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura, a los que ha animado a seguir realizando propuestas en el trámite que se seguirá a partir de ahora en la cámara legislativa.

Lo más relevante de ese dictamen, ha indicado la vicepresidenta, es que el dictamen considera el texto de al propuesta de ley “conforme al reparto de competencias entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas y conforme a la Constitución”.

No obrante, ha señalado, el Consejo de Estado ha hecho una serie de observaciones en algunos preceptos que serán incorporadas al texto en el trámite parlamentario, ha asegurado Blanco-Morales.

En este sentido, el Consejo de Gobierno ha manifestado también hoy su conformidad respecto a la tramitación de la propuesta de Ley, por lo que el texto pasará a iniciar su trámite en la Asamblea de Extremadura, según ha avanzado la portavoz del Ejecutivo, quien ha remitido al calendario que fije la cámara legislativa.

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