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Adrice Asesores
Hoy es

PP. NI UNA SOLA VERDAD SOBRE BÁRCENAS

La sentencia del "finiquito en diferido" apuntilla a Cospedal: el PSOE pide su dimisión y la jueza dice que Bárcenas sigue siendo empleado del PP.
 
El fallo señala que los responsables del Partido Popular, esto es, su secretaria general, incumplieron la ley por lo que el partido debe ser sancionado.
BARCENAS PP
 
La sentencia de la titular del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid sobre el "finiquito en diferido" de Luis Bárcenas popularizado por la secretaria general del PP, pone contra las cuerdas a María Dolores Cospedal cuya sustitución al frente del partido que sustenta en solitario al Gobierno de Mariano Rajoy está cada día más cerca, sino inmediata, según ha podido saber ELPLURAL.CON de fuentes de la sede conservadora de Génova. El caso es que la jueza deja claro en su escrito (ver sentencia) que el extesorero, hoy todavía en la cárcel de Soto del Real, continúa siendo trabajador del PP en situación de excedencia, por lo que no puede "considerarse extinguida la relación laboral" de éste con el partido de la gaviota; o lo que es lo mismo, la secretaria general incumplió la ley al dar de alta a Bárcenas en la Seguridad Social por lo que el partido que dirige debe ser sancionado.
¿Bárcenas en excedencia del PP?
Sí. Así al menos lo entiende la jueza y desmiente de la A a la Z las declaraciones de Cospedal de aquel fatídico día de febrero de 2013 cuando entró en los anales del ridículo político con el "finiquito en diferido... de forma simulada...". El citado juzgado rechaza la demanda del extesorero porque, sencillamente, Luis Bárcenas no puede ser despedido porque su relación laboaral con el Partido Popular sigue siendo vigente ya que el extesorero pidió su excedencia en el partido cuando fue elegido senador, por lo que todavía es empleado en situación de excedencia laboral.
Gómez de Liaño recurre la sentencia...
Sentencia que en un principio ha causado cierta perplejidad y confusión, de ahí que muchos titulares reflejaran que el juzgado rechazaba la querella de Bárcenas, que es verdad. Y de ahí también, pero en sentido contrario, la decisión del abogado del exalpinista y amante de los bancos suizos de recurrir la sentencia, ya que Javier Gómez de Liaño, letrado del presidiario, mantiene que Bárcenas fue despedido por la formación conservadora en 2010. De hecho ha anunciado que en unos días mandará su recurso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sentencia salomónica
Sea como sea, el caso es que la sentencia no podrá ser utilizada por el PP en su favor, como mucho podrán hablar de fallo salomónico, como acertadamente recoge la Cadena SER, que tras subrayar el rechazo del argumento del despido en diferido de Cospedal, concreta que la demanda por despido improcedente presentada por Bárcenas, quien reclama 905.000 euros, ya que la jueza rechaza no ha considerado acreditado que entre 2010 y el 31 de enero de 2013, Bárcenas realizara algún tipo de trabajo por el que el PP le pagaba su sueldo de 21.300 euros mensuales incluidas dos pagas extra.
Los socialistas lo tienen claro
Y es que la sentencia, se lea por dónde se lea, es un varapalo a Cospedal en todo regla. De ahí el cabreo y la indignación del PSOE castellano-manchego, harto de que Castilla-La Mancha siempre aparezca en el mapa de la supuesta corrupción del PP. En este sentido, la portavoz socialista, Cristina Maestre, declaraba a ELPLURAL.COM que "Cospedal debe dimitir como secretaria general después de que la jueza la haya dejado en evidencia", para seguidamente sentencia, "La sentencia de hoy (por el viernes) dice que Cospedal no puede probar que existiera el pacto verbal entre el PP y Bárcenas para pagarle en diferido su despido en 2010". Maestre recuerda las ilegalidades señaladas en el fallo judicial, "porque el acuerdo de Bárcenas y Cospedal fue un "negocio disimulado". No solo eso, la portavoz de la Ejecutivo que dirige Emiliano García-Page considera "indignante que, desde el punto de vista legal, Bárcenas siga siendo hoy trabajador del PP en excedencia, e inmoral, desde un punto de vista político, pagar 21.000 euros al mes a alguien al que despides porque está afectado por un caso de corrupción como el caso Gürtel".
 

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