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La columna de Valentín Tomé. Res publica. Singularidad y república

En el campo de la Ciencia en general podríamos decir que nos encontramos ante una singularidad cuando el objeto de nuestro estudio experimenta una reacción inesperada e impredecible, que puede dar lugar a grandes paradojas, ante el marco teórico utilizado

Así, por ejemplo, en Física un agujero negro podría definirse como una singularidad de una región espacio-tiempo donde su curvatura se hace infinita, es decir donde la fuerza gravitacional es arbitrariamente grande

agujero negro

Normalmente cuando esto ocurre se hace necesario una revisión del modelo matemático utilizado, pues se espera de la Naturaleza una tendencia a rechazar estas singularidades, presuponiéndose que se ha “abusado” de las ecuaciones que describen el fenómeno. En su eterna búsqueda de la belleza y la armonía, los científicos sienten pavor ante la presencia de alguna singularidad en sus modelos, como si el principio de razón suficiente que debe regir el Universo de repente se resquebrajase.

Sin embargo, en nuestra vida cotidiana la presencia de singularidades es una constante; multitud de comportamientos insospechados e impredecibles se despliegan ante nuestros ojos desde diversos ámbitos, en muchas ocasiones felizmente, pues nuestro cerebro tiene especial predilección por lo novedoso, poniendo así en funcionamiento la curiosidad. En la mayor parte de las ocasiones lo que ocurre es que esa singularidad no es tal, y es posible encontrar algún patrón o pauta que explique ese comportamiento. Pero hay veces, en las que por muchas razones que busquemos, la singularidad permanece, pues se asienta sobre una base irracional.

Nuestro país se define a sí mismo como una monarquía parlamentaria, es decir, democrática. Es imposible hallar mayor oxímoron en el campo de la ciencia política. En el pensamiento político clásico, la monarquía remite al poder de uno. La democracia, en cambio, al de todos. La monarquía se basa en una institución hereditaria, no electiva, sujeta a numerosos privilegios y a regulaciones de excepción. La democracia presupone el autogobierno popular y la elección y fiscalización de todos los representantes políticos, incluido el jefe de Estado. No puede por tanto haber mayor singularidad en un marco teórico democrático que la figura de un monarca.

¿Qué podemos hacer entonces para eliminar esa singularidad? Parece que la respuesta obvia es redefinir nuestra democracia como una República; tal y como siempre la ha entendido el pensamiento ilustrado. Se trata de que el centro gravitacional de nuestra polis sea un espacio vacío, que no pueda ser suplantado por ningún trono o templo. Lo que tiene que haber en ese lugar no son órdenes de un rey o designios de un dios, sino leyes, que traten a todos por igual.

Ahora bien, si realmente deseamos que esa República suponga una diferencia sustancial con nuestro régimen actual y no caer en la trampa gatopardista, no basta con sustituir al monarca por un jefe de Estado. Deberíamos adjetivar esa República, es decir tendría que ser de facto y no sólo de iure un ordenamiento político que hiciese efectiva la triada revolucionaria de Libertad, Igualdad y Fraternidad, y en última instancia su consecuencia más hermosa, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos.

Paradójicamente, este nuevo proceso constituyente podría tomar como base para su realización los amplios derechos sociales recogidos en nuestra actual Carta Magna, pero para que gocen de la suficiente seguridad jurídica, no como en la actualidad. Hay que recordar que en nuestra Constitución los derechos individuales se encuentran plenamente positivizados y gozan del máximo nivel de protección jurídica, mientras que la mayoría de los derechos sociales se consideran simples principios programáticos cuya eficacia depende de lo que establezcan las leyes que los desarrollen.

Así, nuestra futura República garantizaría que los poderes públicos aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia; velarían por la seguridad e higiene en el trabajo, y se asegurarían que se da el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Por otra parte, mantendrían un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Se ampararía el derecho a la protección de la salud, organizando y tutelando la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Se promovería y tutelaría el acceso a la cultura. Se reconocería el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, correspondiendo a los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. Se proclamaría el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, promoviendo las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Se garantizaría mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. En el ámbito de la política fiscal, todos contribuirían al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Además, la República estaría dispuesta a planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución; para lo que tendría en cuenta que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general…

Para aquellos a los que todo esto les pueda sonar demasiado utópico hacerles notar que todo lo que está redactado en cursiva en el párrafo anterior se corresponde literalmente con artículos de nuestra actual Constitución.

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