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CHAVES Y GRIÑÁN

La jueza Mercedes Alaya acusa a Chaves y Griñán de "subvertir el ordenamiento jurídico". Considera que ha sido necesaria su cooperación para la concesión de las subvenciones.
 
chaves y griñan
 
Si el Tribunal Supremo comparte finalmente su tesis y si ésta logra probarse, se trataría del mayor escándalo institucional de la historia de la democracia española, pues nada menos que dos presidentes de la Junta de Andalucía, siete de sus consejeros, decenas de altos cargos y el jefe de la Intervención General de la Junta de Andalucía habrían contribuido a idear, implementar y mantener activa pero oculta durante una década "una auténtica subversión del ordenamiento jurídico".
Es la conclusión más grave a la que llega la jueza instructora de la macroacusa de los ERE en su escrito de cerca de 400 folios elevado esta semana al Tribunal Supremo y según el cual la Junta de Andalucía habría otorgado de forma no solo ilegal, sino deliberadamente ilegal, 855 millones de euros en ayudas a empresas y trabajadores, cuyo destino directo fue en muchos casos las "manos de personas y empresas próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz".
QUEJA ANTE EL PODER JUDICIAL
Los entrecomillados son frases literales del escrito, parcialmente filtrado ayer a la agencia de noticias EFE, pero que la jueza decidió no remitir a las partes. Precisamente los aforados señalados en ese escrito han planteado su intención de elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial por esa filtración, al entender que vuelve a dejarlos en la indefensión.
Tras más de tres años y medio de investigación, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla elevaba por fin al Supremo su controvertida investigación tras haber observado indicios de delito los siguientes aforados: los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Manuel Recio, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías y Mar Moreno.
Son en total nueve, aunque cabría hablar con más precisión de siete más dos: los siete primeros esperaban y conocían su situación procesal de 'preimputados', pero los dos últimos la han conocido por los medios de comunicación, ya que la jueza no se la había comunicado. En el caso de Mar Moreno se da la circunstancia de que fue siendo ella titular de la Consejería de Presidencia cuando se pusieron en marcha importantes modificaciones jurídicas y administrativas en el sistema de concesión de las ayudas, precisamente a raíz de lo puesto de manifiesto por Alaya en su instrucción.

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